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Juárez presenta claramente las dos caras de la cuestión. Por un lado, justifica las propuestas para modificar el código de procedimiento guatemalteco, que contempla la definición de sentencias civiles en cincuenta días útiles desde el inicio del caso (con la consiguiente responsabilidad, salvo algunas excepciones, para los órganos judiciales que no respetan este plazo). Por otro lado, sin embargo, recuerda enérgicamente que los juicios civiles deben llegar a determinar la verdad sustancial de los hechos. Él valora el método de la oralidad (en la tradición más genuina de juristas como Klein y Chiovenda), pero de una manera innovadora, sugiriendo el uso de herramientas tecnológicas apropiadas. Paolo BiavatiProfesor catedrático de la Universidad de Bolonia
Los ministerios públicos y los fiscales que los componen, se desarrollan en nuestra región de un modo irregular y hasta conflictivo. Es tal vez el ejemplo más vivo del choque de culturas jurídicas, y de la necesidad de avanzar hacia sistemas de justicia democráticos y garantes del estado de derecho, en nuestros países. Para ello, este detallado trabajo nos brinda una serie de fundamentaciones y herramientas de un gran valor para seguir transitando este difícil proceso. Ello, por cuanto sin dudas, los ministerios públicos y fiscalías, son la pieza clave de un sistema de justicia criminal respetuoso de los derechos humanos, pero a la vez eficiente a la hora de procurar cumplir con su rol en una democracia. Germán C. GaravanoFiscal General, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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